El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes

Oct 09, 2026 Sistema de Noticias Economia

El Gobierno promulgó y reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal II, que modifica el Régimen Penal Tributario y el esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias. La norma, la ley 27.826, entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial y cambia la versión original aprobada en diciembre de 2025.

Inocencia Fiscal II: el Gobierno reglamentó la ley y estos son los principales cambios.

El objetivo oficial es impulsar la actividad económica y dar más seguridad jurídica a los contribuyentes para que los dólares que están fuera del sistema ingresen al circuito formal. Además, limita las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes que limitaban el acceso al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, solo podían adherir quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones.

La ley también flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, que ahora se configura cuando ARCA detecta un aumento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos de al menos el 15%, con un piso de $5 millones. Y establece que, si una resolución firme determina que el organismo impugnó de forma incorrecta a un contribuyente, deberá devolverle lo pagado más intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Entre los beneficios, se fija una reducción permanente del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales para pymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

La norma excluye de manera total a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones del régimen, incluidos quienes hayan ocupado cargos en los cinco años previos a la adhesión. Los grandes contribuyentes y los funcionarios podrán adherir al régimen simplificado, pero sin acceder a esas ventajas. Por último, se actualizaron las sanciones por no registrar a trabajadores rurales, con multas de hasta $7,5 millones por cada empleado.