Al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se le abrió una nueva instancia judicial en una causa en la que la Fiscalía solicitó su citación a indagatoria. La acusación sostiene que, mientras era funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, no declaró ingresos de una empresa que compró bonos del Estado nacional bajo su gestión.
A principios de septiembre, la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el sobreseimiento de Caputo, pero la Fiscalía apeló esa decisión. En respuesta, el tribunal aceptó la apelación y remitió el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal para que revise el fallo, según informaron fuentes judiciales a Clarín.
La causa se inició en 2017 a partir de una presentación de diputados kirchneristas, luego de las revelaciones de la investigación periodística internacional «Paradise Papers». De dicha investigación se desprendió que entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuando Caputo se desempeñaba como secretario de Finanzas, recibió ingresos por 18.944 dólares de Princess International Group. Paralelamente, esa empresa adquirió bonos del Estado argentino por un valor de 494.702,56 dólares.
Caputo no incluyó en su declaración jurada su participación en «Noctua Partners LLC», una firma que administraba fondos de inversión en Miami mediante “Alto Global Master Fund, LP”, donde él actuaba como gerente de cartera. Ya en su función pública, Princess International Group —accionista de Noctua— realizó la compra de bonos del Estado.
El fiscal federal Carlos Rívolo había solicitado la indagatoria de Caputo por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada. En su acusación, la Fiscalía indicó que “mientras el nombrado participaba de la emisión de dichos bonos como secretario de Finanzas de la Nación, paralelamente facturaba servicios de asesoramiento financiero a Noctua, que adquirió esos bonos en cuya emisión participó a título personal, generando una ganancia a quien asumió el control de la compañía, su hermano Flavio Caputo”.
Caputo se presentó en la causa con representación legal y sostuvo que, desde que asumió como funcionario público, no tuvo vinculación con esas empresas ni existió trato preferencial en la compra de bonos, una operación que conlleva riesgos propios para quienes los adquieren.
En diciembre del año pasado, el juez federal Julián Ercolini sobreseyó a Caputo señalando que, si bien no declaró esas empresas, “lo cierto es que ello resultó en una circunstancia general, dado que no fue mencionada ninguna actividad previa en el ítem correspondiente”. Además, destacó que Caputo aclaró la situación tras un requerimiento de la Oficina Anticorrupción.
La Cámara Federal avaló esta decisión tras una apelación, señalando que “la omisión punible debe ser maliciosa” y que tal intención no fue demostrada por el fiscal, considerando las declaraciones como contribuyente un parámetro válido para descartar intencionalidad en la falta de mención de vínculos con las firmas involucradas.
No obstante, la fiscal adjunta de la Cámara Federal, Eugenia Anzorreguy de Silva, insistió con la acusación y apeló para que el fallo sea revisado por la Cámara de Casación. Por mayoría, esa instancia aceptó analizar el caso.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola consideraron que la Fiscalía “ha expresado de manera concreta los fundamentos de su pretensión, citando los preceptos legales que estima violados e indicando la aplicación solicitada”. En disidencia, Mariano Llorens sostuvo que “los argumentos de la parte impugnante, que en esencia reiteran las razones expresadas en la apelación, resultan insuficientes para avalar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal”.
