En el contexto del creciente debate sobre la morosidad de las familias, la provincia de Córdoba lanzó un programa de asistencia destinado a quienes están endeudados, sumándose así a otras jurisdicciones como Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe, que ya cuentan con iniciativas para facilitar la refinanciación de deudas familiares.
El proyecto de ley, denominado “Alivio Cordobés”, fue remitido este miércoles a la Legislatura por el gobernador Martín Llaryora. En su cuenta de X, el mandatario destacó que “no estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando. Es decir, situaciones cotidianas de la vida de los argentinos”. Además, responsabilizó al sistema financiero por el impacto que esta problemática genera y pidió que todos los bloques legislativos participen del debate.
El Ejecutivo provincial plantea tres objetivos prioritarios con esta iniciativa: reducir las tasas de interés, unificar y ordenar los pasivos y aliviar la situación económica de las familias.
Según datos oficiales, en Córdoba existen 3,8 millones de cuentas individuales de personas físicas, que incluyen tarjetas de crédito, cuentas corrientes y créditos personales, de los cuales 738 mil presentan moras, según reportó el diario La Voz.
Podrán acceder al programa aquellos con ingresos de hasta 10 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 3,7 millones de pesos. La operatoria se realizará a través del Banco de Córdoba, que también convocará a entidades financieras privadas a sumarse a la iniciativa.
Uno de los principales propósitos del plan es permitir la consolidación de varias deudas menores en un solo compromiso financiero, con cuotas mensuales previsibles y plazos de entre 24 y 48 meses dentro de la misma entidad. La tasa nominal anual no podrá superar el 35%. Además, la provincia ofrecerá una exención total del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a los intereses, mientras que las entidades financieras deberán ceder parte de su rentabilidad para otorgar condiciones más accesibles.
La finalidad es aliviar la presión que las cuotas ejercen sobre los ingresos familiares y al mismo tiempo recuperar la capacidad de consumo.
La semana pasada, el Banco Central informó que el nivel de morosidad en el pago de deudas familiares alcanzó el 12,8%, un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto a abril y un 8,3% superior al registro de mayo del año anterior. Esta situación afecta, además, a otros mecanismos de crédito como las billeteras virtuales.
En este contexto, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó la negativa del Gobierno nacional a lanzar un plan de rescate para familias morosas. En conferencia desde Casa Rosada, señaló que “en gran parte, el problema es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas para cubrirse del riesgo asumido, comprometiendo así a dichas entidades”. Asimismo, advirtió que intervenir con fondos públicos implicaría destinar recursos tributarios para rescatar a los bancos.
