Los fondos fiduciarios bajo la lupa: la oposición dice que Economía acumuló más de US$ 3 mil millones para uso discrecional

Ago 16, 2026 Sistema de Noticias Politica

En los últimos días, el fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial), financiado por un impuesto a los combustibles líquidos, captó la atención pública. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, fue denunciado ante la Justicia por presuntamente no destinar esos fondos al arreglo de rutas, su objetivo original, sino para financiar al Tesoro. Este fondo es uno de los aproximadamente 27 fideicomisos que, según Javier Milei, quien afirmó en 2024 que eliminaría estas “cajas de la política”, continúan vigentes y que la oposición afirma son utilizados de forma discrecional por el Ministerio de Economía.

Los fondos fiduciarios son mecanismos estatales con recursos asignados a un propósito específico —como la reparación de rutas o el subsidio a tarifas de gas— y son administrados mediante fideicomisos gestionados por organismos del Gobierno. Actualmente, todos están supervisados por el Palacio de Hacienda.

Según el decreto N° 215/2024, la cartera económica fue designada como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos que integren total o parcialmente bienes o fondos estatales, ejerciendo la dirección de dichos fideicomisos. Entre estos se encuentra el fondo fueguino FAMP, que hasta fines de junio estaba bajo la tutela de una delegada de Santiago Caputo, Noelia Ruiz.

Aunque en su momento el FAMP manejó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares, el Ejecutivo ahora busca vaciarlo: a principios de este año redujo a cero el aporte de las ensambladoras de la isla que lo financian desde su creación en 2021. Sin embargo, permanecen activos proyectos aprobados por el anterior directorio, como la construcción de un puerto en Río Grande y hoteles. La mesa directiva a cargo del FAMP renunció hace poco más de un mes, ya que “Economía no renovó sus cargos”, según una fuente consultada.

No obstante, el fondo fueguino no figura en el listado de 20 fideicomisos «en disolución» del último informe de la Secretaría de Hacienda, a diferencia de otros, como el destinado a la “Asistencia Directa a Víctimas de Trata” o el FISU, creado para urbanizar villas de emergencia y que en un comienzo fue administrado por Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la provincia.

Entre los fondos fiduciarios que continúan operativos están el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el destinado a la Infraestructura Hídrica y el de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Desde la oposición advierten que la mayoría se concentran bajo la supervisión directa del Palacio de Hacienda, cuando anteriormente estaban distribuidos entre diferentes ministerios.

De acuerdo con registros del Instituto Consenso Federal, dirigido por el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, el Gobierno acumularía más de 3.000 millones de dólares en estos fondos hasta 2025, con una proyección de alcanzar 4.000 millones para fines de 2026. Rodríguez aportó una estimación para todo 2026, unos 956 millones de dólares, basada en datos oficiales que indican que el resultado financiero acumulado de los fideicomisos en el primer trimestre del año fue de 239 millones de dólares, calculados al valor dólar promedio.

El uso discrecional de los fondos fiduciarios cobró mayor relevancia tras un informe de La Nación, que reveló que el SisVial no destinaba la mayor parte de su patrimonio al arreglo de rutas. Según la denuncia de la diputada Victoria Tolosa Paz, al 31 de mayo de 2026 el SisVial mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos, y otros $37.761 millones inmovilizados en la cuenta corriente. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicarse en obras viales.

La denuncia, presentada ante la justicia federal, señala que durante los dos años y medio analizados la recaudación asignada al SisVial alcanzó $1,503 billones, pero solo se aplicaron $394.406 millones a su destino específico, lo que implica una subejecución del 73,8%. Además, alerta que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente a la cuenta fiduciaria, por lo que solicita a la Justicia investigar el circuito y destino de esos recursos.