El Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos dictó la conciliación obligatoria y ordenó a Granja Tres Arroyos dejar sin efecto los despidos realizados en los últimos días en su planta de Concepción del Uruguay, que la empresa calcula afectan a 270 operarios.
Mediante la Resolución Nº 363/2026 STySS, el gobierno provincial estableció una vigencia de 15 días hábiles para esta medida y fijó una audiencia de conciliación para el jueves 20 de agosto.
La resolución dispone retrotraer la situación al estado previo a la notificación de despidos, realizada desde el viernes 7 de agosto. En este marco, se intimó a Granja Tres Arroyos a reincorporar de forma inmediata a los trabajadores despedidos desde esa fecha y a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical.
Por su parte, los sindicatos y trabajadores fueron requeridos a suspender toda medida de acción directa y a retomar sus tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación.
**Los despidos**
Granja Tres Arroyos, la empresa avícola más grande del país, decidió desvincular esta semana a 270 trabajadores de su planta “La China”, ubicada en Concepción del Uruguay, argumentando una “grave disminución de trabajo no imputable al empleador”, consecuencia de “circunstancias extraordinarias” que afectaron su actividad.
Sin embargo, los gremios, que rechazaron la decisión, sostienen que la cifra de despedidos podría alcanzar las 400 personas de los aproximadamente 900 empleados que trabajaban en la planta.
En los telegramas de despido, la empresa atribuía su crisis productiva y económica a los brotes de gripe aviar y al consecuente cierre de exportaciones, lo que provocó una reducción de los envíos al exterior, una sobreoferta en el mercado interno, una marcada caída en los precios de comercialización y un aumento sostenido de los costos operativos.
Este conjunto de factores, explicó la firma, derivó en un profundo deterioro de su situación económica y financiera.
Cabe recordar que a finales de mayo, Granja Tres Arroyos había anunciado el cierre por tiempo indeterminado de esta planta debido a constantes conflictos gremiales que paralizaron las operaciones y afectaron la cadena de producción avícola regional, lo que llevó a la suspensión de sus trabajadores.
En este contexto, la empresa inició un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y afronta sus obligaciones salariales de forma escalonada y en cuotas.
El gobierno provincial llevó a cabo diversas medidas para asistir a los más de 900 trabajadores afectados, cuya actividad está paralizada desde el 26 de mayo. Entre ellas se incluyen la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios por 200.000 pesos —con pagos ya iniciados y que se ampliarán a 1.075 trabajadores—, la instauración de tarifa social de energía eléctrica para 525 empleados durante dos bimestres, y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de la deuda con Enersa.
Además, se elaboró un protocolo con el Hospital J.J. Urquiza para la atención y provisión de medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas afiliados al STIA, cuya obra social se encuentra desfinanciada por la falta de pagos de la empresa.
**Rechazo de los gremios**
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay rechazaron los despidos y denunciaron “el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras”.
En un comunicado conjunto, señalaron que, mientras la FTIA junto con organizaciones gremiales hermanas como Uatre, la Carne y Molineros y las filiales de los sindicatos de la Alimentación realizan gestiones ante la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan sostener el proceso productivo y reactivar las plantas, la empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan la crisis.
Además, denunciaron que entre los despedidos se encuentran delegados gremiales y que los trabajadores soportan atrasos de más de cinco quincenas en sus salarios, generando una creciente incertidumbre con graves consecuencias para la vida familiar.
“Desde la FTIA exigimos la preservación de las fuentes de trabajo y un accionar responsable de la patronal y de las autoridades nacionales. Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, especialmente en un contexto delicado que requiere compromiso, diálogo y soluciones, y no más despidos ni convertir a los empleados en variables de ajuste para maniobras empresariales previas a un proceso concursal”, concluyó el comunicado.
