Vicuña, la minera controlada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, obtuvo la aprobación del Gobierno para avanzar con la construcción del proyecto de cobre Josemaría, ubicado en San Juan.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) emitió el martes por la noche la Resolución 330/2026, que autoriza a la empresa a construir la infraestructura eléctrica necesaria para su proyecto. Asimismo, rechazó las diez oposiciones presentadas que cuestionaban la prioridad otorgada a Vicuña para utilizar el 90% de la nueva capacidad eléctrica durante 25 años.
Tras los reclamos surgidos luego de que el ENReGE estableciera en febrero las condiciones de prioridad de acceso para Vicuña, el organismo convocó a una audiencia pública el 3 de junio, donde se presentaron diez opositores. Finalmente, el regulador publicó en el Boletín Oficial su rechazo a todas las impugnaciones.
La decisión se fundamenta en la premisa de que, ante la falta de inversiones privadas para ampliar el sistema eléctrico, debe garantizarse a quien financia la infraestructura el derecho a utilizarla. Además, el ente sostiene que esta resolución no excluye a otros actores: la infraestructura existente seguirá disponible para todos, y cualquier empresa interesada podrá construir su propia ampliación para acceder a una prioridad similar.
Entre los opositores figura Andes Corporación Minera, propietaria del proyecto Los Azules, que compite por espacio en la misma línea eléctrica. La compañía advirtió que la capacidad real de la línea Nueva San Juan-Rodeo es inferior a la considerada en la resolución, lo que restringiría la prioridad otorgada a Vicuña y dejaría escaso margen para otros proyectos, incluido el suyo. En respuesta, ENReGE señaló que Los Azules “ni siquiera es parte en el expediente” como agente del Mercado Eléctrico Mayorista y que su proyecto no está incluido en la guía de referencia utilizada por Transener para proyectar la demanda futura.
Otro reclamo destacado provino de Barrick, que recordó haber aportado 55 millones de dólares en 2006 para construir el tramo Nueva San Juan-Rodeo, lo que, según argumentó, le otorga derecho a utilizar hasta 250 MW. También manifestaron objeciones la mina Gualcamayo, el proyecto Hualilán (de Golden Mining), Casposo, tres municipios sanjuaninos (Calingasta, Jáchal e Iglesia) y un vecino de la provincia.
El regulador respondió uniformemente que las líneas de alta tensión son administradas por el Estado nacional, no por las provincias, aunque estas hayan cofinanciado su construcción. Además, aclaró que el derecho de exclusividad se aplica únicamente a la capacidad nueva que Vicuña financiará con recursos propios, sin afectar la red existente.
La inversión total estimada para esta obra ronda los 800 millones de dólares, asumidos en su totalidad por Vicuña, que se hará cargo del 100% del capital de inversión (CAPEX). Transener será la encargada de operar y mantener las nuevas instalaciones.
Si bien el permiso ya fue otorgado, la disputa aún no está cerrada. El 3 de julio, en su última presentación, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) de San Juan advirtió que recurriría a la Justicia para suspender las obras si el ENReGE no aceptaba sus condiciones.
En un comunicado, Vicuña destacó que la nueva infraestructura en 500 kV incrementará significativamente la capacidad de transporte de energía hacia el noroeste de San Juan, eliminará limitaciones estructurales existentes y mejorará las condiciones para el crecimiento futuro de la demanda eléctrica provincial.
“Obtener el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) representa un avance importante para el desarrollo del proyecto”, afirmó José Morea, Country Director de la empresa. Además, confirmó que continúa las conversaciones con el EPRE de San Juan para resolver el reconocimiento de inversiones realizadas sobre la infraestructura preexistente.
Una vez cubiertas las necesidades del proyecto Josemaría, la minera señaló que la capacidad incremental restante podría ser utilizada por otros usuarios, conforme a la normativa vigente. Asimismo, remarcó que, al finalizar, la infraestructura formará parte del sistema eléctrico nacional como un activo permanente para la provincia de San Juan.
Vicuña también subrayó que el corredor eléctrico Rodeo-Chaparro contribuirá a la futura interconexión Rodeo-Chaparro-La Rioja Sur, identificada como prioritaria en la planificación nacional de la Secretaría de Energía. El nuevo nodo en Chaparro facilitará mejores condiciones para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la región.
La provincia de La Rioja había solicitado que Vicuña financie además una conexión eléctrica hacia su territorio. No obstante, el ENReGE desestimó la petición, señalando que la obra deja espacio para dicha conexión futura, y que sería injusto obligar a un privado a asumir un gasto que no corresponde a sus necesidades.
