El Gobierno otorgó alta prioridad a su agenda económica en el Congreso. En ese marco, La Libertad Avanza iniciará este miércoles el tratamiento en Diputados del Super RIGI y del pago de 170 millones de dólares a los fondos holdouts, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras en sectores vinculados a la tecnología y evitar litigios con bonistas internacionales.
El acuerdo con la Justicia de Estados Unidos prevé el pago a los acreedores que no participaron en los canjes de deuda tras la crisis de 2001. Se trata de 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones a Attestor Value Master Fund, lo que representa un paso más para acelerar el retorno a los mercados. “El Gobierno está desesperado porque el 30 de junio vence la fecha acordada”, afirmó un diputado aliado a La Libertad Avanza.
La principal novedad son los cambios introducidos la semana pasada al proyecto del nuevo régimen de grandes inversiones mediante el dictamen de mayoría. El oficialismo se reservó un margen para negociar con legisladores de San Juan, aliados del MID y de la UCR, y añadió una cláusula de “Compre Nacional” que obliga a destinar al menos un 20% de la inversión a proveedores locales en los proyectos del régimen.
La Unión Industrial Argentina (UIA) había reclamado ese porcentaje en la comisión de Industria, pero no logró que se estableciera un monto específico para bienes industriales. Como el texto contempla “bienes, servicios y/u obras”, existe el temor de que se repita el efecto “Vicuña”: el proyecto minero por 18.000 millones de dólares en San Juan gozará de los beneficios del RIGI, pero la construcción de los primeros módulos para vivienda será importada desde China.
A pedido del PRO, las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) vinculadas al proyecto se computarán por el doble de su valor, aunque no podrán representar más del 20% del monto mínimo. Asimismo, la definición de una actividad “nueva” se ajustará a criterios objetivos y mensurables, y se creará un registro público con las solicitudes de adhesión, los proyectos aprobados y las sanciones aplicadas.
El Gobierno elevó el proyecto de Super RIGI al Congreso hace un mes. En línea con los planteos de grandes empresas estadounidenses, el nuevo régimen, que otorga estabilidad por 30 años, contiene incentivos aún más agresivos que el RIGI para inversiones en nuevas actividades del sector industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica.
Por ejemplo, el impuesto a las Ganancias se reduce del 35% del régimen general al 15% (en el RIGI era del 25%), las retenciones a exportaciones se eliminan desde el primer día (en el RIGI, desde el tercer año), los derechos de importación se suprimen para los bienes vinculados al proyecto (en el RIGI, solo para bienes de capital y partes), y las contribuciones patronales caen del 24% general al 10% para nuevos empleos (el RIGI no incluía esta reducción).
El Super RIGI generó reclamos el mes pasado por parte del titular de la UIA, Martín Rappallini, quien solicitó a Caputo la creación de un RIGI para la industria y expresó su preocupación por la “destrucción” de empresas. Salvo siderurgia y forestoindustria, el sector fabril quedó excluido de los beneficios del RIGI, que exige una inversión mínima de 200 millones de dólares, mientras que el Super RIGI está dirigido a nuevos sectores con un piso de 1.000 millones de dólares.
El lanzamiento de dos regímenes de gran escala sorprendió incluso a los principales estudios jurídicos. Los regímenes promocionales suelen ser sectoriales o territoriales —como la ley de promoción industrial, la de Tierra del Fuego, la de Minería o la de Economía del Conocimiento—. “Esta dualidad normativa no tiene antecedentes directos en la experiencia argentina reciente”, señaló Sergio Caveggia, socio de impuestos de EY.
El RIGI, y aún más el Super RIGI, implican un cambio profundo en el sistema tributario, al que se suma un blindaje “anticepo” que generó alertas en algunos sectores, como la eliminación progresiva de la obligación de liquidar divisas: 20% de libre disponibilidad el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero (en el RIGI, el 100% se alcanza recién en el cuarto año).
“Esto sin dudas es positivo, pero puede derivar en una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más intensivos en mano de obra concentrados en grandes aglomerados urbanos. Estos sectores no califican para el RIGI ni mucho menos para el Super RIGI”, advirtió el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea.
Por su parte, FundAr señaló que los beneficios cambiarios “implican que la inversión puede operar en territorio argentino —usando suelo, energía y agua— sin volcar prácticamente ningún dólar en la economía”. “Un gobierno que desmantela políticas productivas adopta como política emblemática un paquete de incentivos sin precedentes sin exigir nada sustantivo a cambio”, alertó.
