El gobierno de Tierra del Fuego denunció a Navitas Petroleum ante el regulador de Israel: dice que ocultó riesgos legales y geopolíticos en Malvinas

May 05, 2026 Sistema de Noticias Politica

El Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella, presentó una denuncia formal ante la Israel Securities Authority (ISA) contra la empresa Navitas Petroleum por presuntas violaciones a la legislación de mercado de capitales relacionadas con el proyecto hidrocarburífero «Sea Lion», ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.

La ISA es el organismo estatal responsable de supervisar y regular el mercado de valores en Israel, equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Argentina o a la SEC en Estados Unidos. Su función es proteger a los inversores y garantizar la transparencia de las compañías que cotizan o buscan financiamiento en ese mercado.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration PLC anunciaron el año pasado que planean comenzar la extracción de petróleo a partir de 2028, con el objetivo de ampliar sus exploraciones en las aguas del archipiélago cuya soberanía reclama Argentina.

La denuncia del Gobierno fueguino, que representa a la provincia amparada por la Constitución Nacional y responsable jurídica de las Malvinas, Georgias e Islas Sandwich del Sur —territorios administrados de hecho por el Reino Unido— sostiene que Navitas habría proporcionado información engañosa o incompleta a sus inversores sobre el riesgo jurídico, diplomático y geopolítico del proyecto. Este se desarrolla sin autorización de la República Argentina en una zona cuya soberanía es objeto de disputa reconocida por las Naciones Unidas.

Desde la provincia advirtieron que directivos de la empresa minimizaron la postura del Gobierno argentino ante el mercado, a pesar de que la Cancillería nacional rechazó formalmente la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper, calificando sus actividades como ilegales. Asimismo, recordaron que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en esa área constituye un acto ilícito según el derecho argentino e internacional.

La denuncia solicita que la autoridad israelí investigue si Navitas omitió informar de inmediato hechos relevantes para sus inversores, entre ellos el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa y las declaraciones del presidente de la Nación el 2 de abril de 2026, en las que se anunciaron medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales e ilegítimas sobre recursos pertenecientes al pueblo argentino.

Desde el Gobierno fueguino destacaron que el conflicto trasciende una mera controversia empresarial, involucrando la protección de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos aledaños, todos ellos parte integrante del territorio provincial conforme a la legislación nacional vigente.

“El proyecto no sólo es ilegal; Navitas debe explicar a sus inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica explotar recursos naturales argentinos sin autorización”, afirmó Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales.

La presentación también remarca que la actividad de Navitas contraviene el proceso de descolonización impulsado por la ONU, en particular las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y exhortan a ambas partes a abstenerse de modificar unilateralmente la situación mientras continúa la negociación.

La provincia advirtió que utilizará todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas extranjeras exploten ilegalmente recursos naturales argentinos en Malvinas, y advirtió que “la ilegalidad no puede presentarse en los mercados como una oportunidad de inversión”.

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei ha presentado protestas formales, pero no ha iniciado acciones judiciales. El gobierno de Israel se ha desentendido del tema, argumentando que se trata de una inversión privada y sosteniendo que la provincia no tiene competencia federal para intervenir, responsabilidad que corresponde al Estado nacional. Sin embargo, debido a que Melella pertenece a la oposición, las autoridades israelíes no han dado respuesta directa, considerando sus acciones como gestos dirigidos al público interno. Esta situación contrasta con la crítica que la oposición realiza a la política malvinera de la administración libertaria, evidenciando la falta de una estrategia común.

Israel ha adoptado una postura prudente y de limitada intervención respecto de la disputa por las Islas Malvinas, sin expresar respaldo explícito a ninguna de las partes. En ese contexto, se espera que sus autoridades regulatorias actúen conforme a los principios del derecho internacional y a los estándares de transparencia y adecuada información al mercado.

El yacimiento Sea Lion, que Navitas y Rockhopper planean explotar desde 2028, cuenta con una estimación de entre 800 y 900 millones de barriles de petróleo, buscando ser una alternativa al mercado del Mar del Norte. En las primeras etapas aprobadas se proyectan más de 300 millones de barriles recuperables, con una producción diaria de 50.000 barriles. La inversión inicial se situó entre 1.800 y 2.100 millones de dólares, con planes de avanzar en otro yacimiento.

Especialistas consultados por Clarín indicaron que el verdadero desafío para el Gobierno de Milei será detener la explotación petrolera anunciada, ya que consideran que su concreción sería un “golpe significativo” para Argentina.

Según esos expertos, el Estado nacional podría aplicar a Navitas y Rockhopper una estrategia similar a la utilizada para recuperar la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana por acreedores de la deuda externa. Dicha recuperación, un caso emblemático de derecho internacional llevado adelante por la embajadora Susana Ruiz Cerutti y el jurista Marcelo Kohen, se apoyó en el principio de inmunidad soberana