«Los vamos a matar a todos»: piedras, autos rotos y un juez lastimado en otro ataque a un tribunal por un fallo que provocó indignación

Mar 10, 2026 Sistema de Noticias Policiales

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Un jurado popular declaró inocente a un joven por la muerte de una adolescente de 17 años en un incidente de tránsito. La decisión causó indignación en familiares y amigos de la víctima, quienes reaccionaron tirando piedras contra el tribunal, rompiendo autos y hasta lastimando a un juez de un ladrillazo.

Se trata del segundo hecho violento que ocurre en una sede judicial en poco más de un mes. El pasado 4 de febrero fue atacado el despacho del juez Nicolás Schiavo, a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, también por un grupo de personas que pedían la liberación de ocho detenidos. Tenían cuchillos y los empleados tabicaron las puertas con archiveros y muebles.

En esta oportunidad, un jurado popular dictó el veredicto de «no culpable» para Valentino Perrone, un joven que llegó a juicio por la muerte de Maia Spinelli (17), ocurrida en julio del 2024 en un choque en Florencio Varela.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Florencio Varela fue la sede del debate que se extendió durante tres jornadas. Un jurado popular definió en la madrugada de este jueves que Perrone no fue responsable de la muerte de Spinelli.

La fiscalía había pedido que sea condenado por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso real con lesiones leves o subsidiariamente por otros dos delitos que prevé el Código Penal para muertes ocurridas en siniestros de tránsito.

Finalmente, la decisión del jurado popular fue de ocho votos positivos, no alcanzando el mínimo de 10 que requiere el Código para poder considerar al imputado culpable en delitos que no son de pena de prisión perpetua (donde se requiere unanimidad de los 12 integrantes del jurado).

El joven conducía un Ford Ka en la madrugada del 13 de julio de 2024 por la avenida Eva Perón de Florencio Varela cuando chocó a otro auto que iba delante, perdió el control, subió a la vereda e impactó contra el pilar de una casa.

Spinelli, que iba como acompañante, murió dos días después. Otros cinco jóvenes iban en el auto. Según la causa, Perrone tenía 1,40 gramos de alcohol en sangre y venía a más del doble de velocidad de lo permitido.

Según declararon testigos en el juicio, durante el trayecto le habían pedido a Perrone que bajara la velocidad, pero por el contrario, el joven comenzó a conducir sin las manos en el volante y utilizando el celular.

Perrone llegó a juicio con arresto domiciliario, acusado del delito de “homicidio con dolo eventual”, según indicó el medio Data Judicial.

Como dato extra, Agustín Perrone (25), hermano del imputado, está acusado de asesinar a golpes a un hombre de 50 años en el marco de una discusión de tránsito que ocurrió el 19 de febrero en Ranelagh.

El veredicto y el ataque

Luego de tres jornadas de juicio, donde declararon peritos y testigos propuestos por ambas partes, el jurado popular deliberó este jueves y llegó a un veredicto de no culpabilidad para Perrone.

Esta decisión causó bronca e indignación en familiares de la adolescente, quienes comenzaron a insultar a los miembros del jurado, al juez técnico Santiago Zurzolo Suárez y a los funcionarios judiciales.

El juez técnico en los juicios por jurados es quien dirige el proceso pero no quien dicta el veredicto.

Los disturbios continuaron fuera de la sede del tribunal, ubicada sobre la calle Brown al 500 del barrio La Esperanza, de Florencio Varela.

Según fuentes de la investigación, tiraron vallas de contención, lanzaron piedras, intentaron prender fuego la puerta de ingreso y rompieron las motos de dos integrantes del jurado, y causaron daños en el auto del padre del acusado y de otros funcionarios judiciales.

El juez Zurzolo Suárez fue golpeado por una piedra en el pecho cuando intentó salir a hablar con los familiares. El proyectil impactó en una reja, lo que hizo que amortiguara el golpe. El magistrado debió ser atendido también porque le cayeron fragmentos de vidrios en el rostro.

“Los vamos a matar a todos, los vamos a prender fuego a todos”, indicaron las fuentes que advirtieron los agresores.

Por los disturbios fueron detenidas tres personas, una de ellas familiar directo de Maia Spinelli. Fueron imputados por el delito de “daños”. La fiscal María Eugenia Chiesa solicitó que sean liberadas pero que queden notificados de la causa.

La palabra de la familia

Maximiliano Spinelli, padre de Maia, dijo a Clarín que tras el veredicto sintió “bronca e impotencia” y aseguró “no entender nada” porque durante el juicio declararon todos los chicos que estaban en el auto al momento del accidente y hubo pruebas importantes, como el video del hecho.

“Sentimos mucha bronca porque no sabemos qué tomó en cuenta el jurado. ¿Dónde está la parte humana?”, se preguntó.

Respecto al ataque a la sede del tribunal, Spinelli negó la participación de su familia y lo vinculó a una serie de personas que “estaban en desacuerdo con la resolución del jurado”.

“Había muchos policías en el lugar. La gente salió del tribunal y no tiraron piedras. Llegaron cinco patrulleros,tiraron al aire y agarraron a gente de la nada. Era gente que no conocía, yo no vi que hayan tirado piedras. Sí hubo disturbios, gritos de justicia, pero no rompieron nada”, afirmó el hombre, al momento de decir que si fueron parte del ataque, “que lo demuestren con filmaciones”.

“Adentro hay cámaras. Si hay, que nos denuncien. Somos una familia laburante, que no tenemos problemas con la Justicia nunca”, concluyó, a la vez que denunció que la familia del imputado tuvo un trato especial y que no les dejaron mostrar banderas ni remeras con el rostro de su hija.

El repudio de la Justicia

El ataque en la sede judicial provocó el repudio de varios organismos provinciales y del Departamento Judicial de Quilmes, el cual integra el TOC N° 2 de Florencio Varela.

“En este contexto, exigimos a las autoridades del Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a los organismos competentes la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad de las y los trabajadores judiciales, así como la reparación de los daños ocasionados en el edificio judicial”, indicó la ABJ Quilmes en un comunicado al que tuvo acceso Clarín.

Y añadieron: “Asimismo, acompañamos las gestiones que se están realizando para la suspensión de términos procesales y la implementación de modalidades de trabajo que resguarden la integridad del personal, hasta tanto se encuentren garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para el normal funcionamiento del tribunal”.

Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses afirmaron que «estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado».

«Es imperativo la puesta en marcha del convenio de cooperación entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Seguridad provincial, para prevenir esos ataques injustificables», completaron.

Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense y del Departamento Judicial Quilmes (CMFQ), por su parte, expresaron su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por lo sucedido en los tribunales varelenses.

La Red de Jueces Penales Bonaerenses también se manifestó en repudio al hecho y señaló que “no se trata de un episodio aislado, pues en los últimos tiempos ha crecido la cantidad de casos en que ciudadanos disconformes con el resultado de un proceso o por el dictado de una resolución que les resulta adversa, arremeten violentamente contra personas y edificios del Poder Judicial, verificándose desafortunados acontecimientos que afectan la independencia judicial”.

Por último, la FAM aseguró que estos hechos de violencia «no pueden tolerarse en un Estado Democrático de Derecho y las disconformidades con las decisiones que se adoptan deben canalizarse a través de los recursos previstos en la ley».

El antecedente en un juzgado

No es la primera vez en el año que una sede judicial es ataca por familiares disconformes con un fallo emitido por un juzgado o un tribunal.

El 4 de febrero, unas 20 personas ingresaron al Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín luego de que el juez titular, Nicolas Schiavo, no firmó la liberación de ocho detenidos –dos de ellos menores- en el marco de una causa por narcomenudeo.

El ingreso al edificio ocurrió al mediodía y cuando no se encontraba el juez en su despacho. Hubo amenazas con armas blancas y daños en varios muebles. Rompieron vidrios, estrellaron sillas, cortaron la luz del edificio, subieron y bajaron los dos pisos del lugar gritando y amenazando al personal judicial. Una empleada tuvo que ser atendida por un ataque de pánico.

A raíz de este incidente, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a cargo de Hilda Kogan, firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de «cooperación interinstitucional destinado a establecer de manera conjunta y coordinada las pautas para la asignación de personal policial para la custodia y seguridad en edificios de la Administración de Justicia del Poder Judicial provincial».

Si bien desde la Justicia de Florencio Varela señalaron que, a diferencia del ataque en el Juzgado de San Martín, había presencia de personal policía en el lugar y que se tomaron medidas preventivas para el momento de conocerse el veredicto, tanto adentro como afuera de la sala de audiencias.

“Es un problema de los discursos de violencia están instalándose en la sociedad. Hay respuestas muy violentas a situaciones que no satisfacen las demandas personales. La decisión dependió del propio pueblo, porque está compuesto por personas”, razonó un funcionario judicial consultado por este medio.

Fuentes judiciales confirmaron que, una vez conocido el veredicto, en las afueras del tribunal estaban solo los familiares de la víctima, pero que en pocos minutos se habían agrupado entre 30 y 40 personas.

Una vez que comenzaron los ataques, el personal judicial resguardó al jurado en una de las oficinas del segundo piso. Fue entonces que fueron dañados los vehículos del abogado defensor, la moto de un jurado con la cual trabaja y el auto del padre del imputado.

SC

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