De esta manera, el legislador del Frente Jujuy Crece hizo referencia a la grave denuncia penal sacude los cimientos del esquema económico del gobierno de Javier Milei. La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, radicó una presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y la propia cúpula de Vialidad Nacional. Los citados, son acusados del presunto vaciamiento del organismo y del desvío de fondos con asignación específica.

De acuerdo con el planteo judicial, el gobierno nacional habría retenido y utilizado para otros fines una suma cercana a los $400.000 millones. “Estos recursos, provenientes de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que percibe la Nación, debían destinarse por ley al mantenimiento y mejora de la red vial federal”, puntualizó Poncio
Continuó indicando, que “este millonario desvío es un reflejo de una política centralizada de Milei que retacea recursos de todos lados a Jujuy, siendo el vial uno de los tantos fondos clave que dejaron de llegar a los jujeños”.
Observó que “el impacto más crítico de este recorte se vive en la Ruta Nacional 52, la traza estratégica que une la localidad de Purmamarca con la zona de frontera con Chile” y recalcó que “esta vía no es un camino secundario, es una pieza fundamental del Corredor Bioceánico, vital para el comercio internacional”.
“Hoy, su recuperación demanda un presupuesto que supera ampliamente un mero operativo de bacheo, afectando con especial gravedad al tramo de la Cuesta de Lipán, considerado actualmente el punto más crítico y peligroso del recorrido”, describió.
Consideró oportuno enfatizar, que “el deterioro de la Ruta 52 no distingue sectores” y precisó que “perjudica de forma directa a los transportistas nacionales e internacionales, frena el desarrollo de los productores locales, golpea al turismo y afecta el día a día de los jujeños en general”.
Para Poncio la judicialización del caso “expone una fuerte contradicción política en el escenario local” y explicó que “mientras los referentes libertarios jujeños se muestran en público altamente preocupados por el deplorable estado de la Ruta Nacional 52, en la práctica eligen mirar para otro lado cuando su jefe político es señalado por cometer este tipo de ilícitos con los recursos viales”.
“¿Los que dicen estar preocupados por el lamentable estado de las rutas nacionales que atraviesan Jujuy, estarán preparando pedidos de informe a Presidencia por el presunto ilícito de desviar fondos?”, planteó Poncio, finalmente.